Carabineros reconocen que maniataron a machi durante allanamiento en Ercilla
Como informó en exclusiva La Radio, Carabineros reconoció ante la Corte de Apelaciones de Temuco, al responder un recurso de amparo, que una machi fue maniatada durante un allanamiento y dejada en esa condición hasta el retiro de los efectivos uniformados. Según la institución, esto se hizo para evitar que los siguiera amenazando e insultando.

Imágenes: Pablo RuizLo anterior, se consigna en el informe que Carabineros de la Zona La Araucanía, entregó a la Corte de Apelaciones de Temuco, al contestar la petición de informar, luego que al máximo Tribunal de Justicia de la región, recibiera un recurso de amparo por parte de comuneros mapuche, especialmente de Ercilla, quienes acusaban hostigamiento y violencia policial en los continuos allanamientos que se ejecutan en sus domicilios.

El documento, al que Radio Bío-Bío tuvo acceso exclusivo, está firmado por el general Hero Negrón con fecha 27 de octubre y detalla que la diligencia cuestionada, correspondió a una orden de entrada y registro a las comunidades Temucuicui Autónoma y José Guiñón de Ercilla, emanada del Juzgado de Garantía de Victoria. La operación se habría realizado buscando aclarar el ataque incendiario a un camión, el asalto a una caseta de peaje y los disparos a un vehículo particular, ocurridos el 11 de octubre en las inmediaciones de Victoria.

El informe agrega que los residentes en la comunidad José Guiñon, opusieron tenaz resistencia al ser detenido el lonko José Cariqueo Saravia y uno de sus hijos menor de edad, quienes dañaron vehículos fiscales, incautándose una escopeta hechiza y otra a medio hacer.

En uno de los párrafos del texto, se hace presente además que la machi Adriana Rosa Loncomilla Chicahual, se opuso violenta y groseramente al mandato judicial, incitando a que se agrediera a los Carabineros. Por ello, según la institución, se hizo necesario -como medida de seguridad- inmovilizarla con sujeciones plásticas provisorias, aseverando que no fue maltratada ni golpeada.
Finalizada la diligencia, agrega el documento y considerando su condición de mujer y machi, ella no fue detenida, aflojándose sus sujeciones para que pudieran ser retiradas fácilmente una vez que el personal policial se alejara, lo que se hizo así, por las amenazas de agresión que la mujer seguía profiriendo.

Cabe precisar, que las fotografías que revelan la situación, fueron enviadas a la página web de Radio Bío-Bío, donde se aprecia a la mujer tendida en el suelo, mientras niños e integrantes de la comunidad intentan liberarla de las amarras.

RESPUESTA AL SUBSECRETARIO ROSENDE: LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS POR PARTE DEL ESTADO CHILENO EN SU CONFLICTO CON EL PUEBLO MAPUCHE

En Chile, los medios de comunicación masivos se encuentran en manos de las clases económicamente dominantes y por lo tanto al servicio de ellas. Por lo mismo, son utilizados activa y cotidianamente en el control de la información y en la generación de desinformación hacia la población. Esta estrategia es ampliamente utilizada por parte de los Estados contra los pueblos originarios, con el fin de manipular el repudio público que provocan prácticas tan “brutales” como los reiterados ataques de la policía militarizada (GOPE) a niños mapuche. La desmemoriada población chilena muchas veces ayuda fácilmente al cumplimiento de este objetivo.

Es dentro de este contexto que se deben encuadrar las declaraciones de los ministros de Estado (Pérez Yoma, Rosende y presumiblemente muchos otros), que intentan desmarcar y desorientar respecto de los objetivos que tiene el ataque impune a las personas más vulnerables de las comunidades: los niños.

No debemos olvidar que los ataques a infantes y adolescentes mapuche, se han venido documentando ya desde el año 2002, incluyendo allanamientos a escuelas, procedimientos que, desde el año 2006, carabineros ha venido utilizando para interrogar a niños respecto a la participación de sus familiares y conocidos en tomas de terreno o actividades de resistencia. Sólo hace unos días, se realizó la denuncia de un menor de 14 años, que fue amenazado con ser lanzado de un helicóptero, con el fin de obtener información.

Tanto el manejo comunicacional, como la utilización de los niños para “disuadir” la resistencia de grupos que resisten la dominación hegemónica de un Estado, en este caso las comunidades mapuche en proceso de demandas y recuperaciones territoriales, son estrategias de la denominada “guerra de desgaste”, la que se concibe como “la sucesión de pequeños operativos que van asfixiando al enemigo en los terrenos político, económico y militar, evitando posibles acciones espectaculares que motiven la atención de la prensa y la opinión pública internacionales.” No debe ser mera casualidad que esta nueva tesis del gobierno aparezca cuando se realizan denuncias frente a Comités Internacionales de Derechos Humanos y en el transcurso de la visita del representante de UNICEF.

No hay que olvidar tampoco que Chile, luego de Colombia, es el segundo país latinoamericano en enviar soldados a la Escuela de las Américas (hoy Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental), institución donde se enseñan los conceptos del “enemigo interno” y acusada históricamente de adiestrar en procedimientos de tortura, interrogación, inteligencia militar y numerosas técnicas que violan y atentan contra los derechos humanos. En uno de sus manuales, referente a la edad de las fuentes de obtención de información, la Escuela de las Américas instruye a sus alumnos: “… Los niños son, a menudo, muy observadores y pueden proporcionar información precisa sobre cosas que han visto u oído, si se les interroga en la forma apropiada. No obstante, si bien aceptamos que los niños son buenos observadores, ellos no pueden, por lo general, interpretar los que han visto…”. Sería ingenuo pensar que la adquisición de estos conocimientos no conlleve su aplicación posterior.

Existen múltiples denuncias internacionales respecto a la transgresión de los derechos individuales y colectivos de los mapuche, incluidos sus niños, a pesar de las Convenciones ratificadas por Chile, y estas transgresiones obedecen a la política económica de mantener y continuar instalando los megaproyectos de inversión extractiva: forestales, celulosas, represas y proyectos mineros. Ese es el trasfondo de un conflicto que el gobierno chileno intenta presentar como la porfía cultural de un pueblo que se niega a ser integrado a la sociedad “moderna y globalizada”. Y es aquí donde se cierra el círculo respecto a las clases económicamente dominantes, para las que se legisla y gobierna en este país.

No es la casualidad, ni un perdigón perdido, no pueden entenderse tantos casos de niños agredidos de diversas formas ni el allanamiento a las escuelas en horarios de clases como un “exceso”, porque no lo son, son estrategias con las que se busca desgastar y reprimir la lucha del pueblo mapuche. Ningún padre o madre, mapuche o chileno, pondría a sus hijos como escudo frente al ataque y la invasión impune de sus escenarios cotidianos. Sin embargo, señores ministros, es la instrucción de sus organismos de inteligencia, la que los pone en la línea de fuego como “fuentes de información”. Eso sí es BRUTAL.
Por Claudia Molina, Pisicóloga, Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos

El Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos denunció una confabulación entre medios de comunicación y empresarios de la Araucanía para vincular a las comunidades mapuches con grupos guerrilleros con el objetivo de desvirtuar las demandas territoriales históricas de los pueblos originarios. La estrategia también serviría para apoyar la represión policial de la que es víctima el pueblo mapuche.
Sergio Millamán plantea que se trata de un trabajo sistemático, el cual genera una visión en la opinión pública que termina descalificando las temáticas de fondo que están planteando las comunidades y que pasan esencialmente por un tema de restitución territorial y reconocimiento político, comentó.
Fuente: Radio Universidad de Chile
http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=56562

El Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos denunció una confabulación entre medios de comunicación y empresarios de la Araucanía para vincular a las comunidades mapuches con grupos guerrilleros con el objetivo de desvirtuar las demandas territoriales históricas de los pueblos originarios. La estrategia también serviría para apoyar la represión policial de la que es víctima el pueblo mapuche.

Vincular a organizaciones y comunidades mapuches con grupos guerrilleros como las FARC de Colombia e incluso la ETA de España, es el objetivo que persiguen empresarios en conjunto con medios de comunicación que pretenden afectar las demandas por tierras y reconocimiento que tiene la etnia.

Así lo denunció el Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos, instancia que sostiene que se trata de un montaje para perjudicar estas reivindicaciones y desviar la atención de lo central, como explicó uno de los representantes de esta entidad, Sergio Millamán.

"La información de que el pueblo mapuche ha estado levantando grupos armados para realizar actos de carácter terroristas, tiene finalmente según nuestra impresión el buscar justificar todavía más la represión de la que es víctima el pueblo mapuche de Argentina y Chile y de esa forma dejar de lado y no dar la importancia pública que se merecen las legítimas reivindicaciones que ha levantado históricamente el pueblo mapuche", explicó el dirigente.

Sergio Millamán plantea que se trata de un trabajo sistemático, el cual genera una visión en la opinión pública que termina descalificando las temáticas de fondo que están planteando las comunidades y que pasan esencialmente por un tema de restitución territorial y reconocimiento político, comentó.

Mientras, en La Moneda el ministro Coordinador para Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo, reiteró la doctrina del gobierno en el sentido de que quienes participen en actos de violencia no podrán ser parte de las devoluciones de tierra que se están efectuando.
"Señalar con mucha claridad el criterio y reiterarlo que respecto de las personas que se ven involucradas judicialmente en hechos de violencia, esas personas no serán beneficiarios de tierras y por eso mismo estamos buscando la fórmula jurídica que es difícil para que esto quede claramente establecido en el caso del señor Luksiger con quien estamos a días de materializar la firma de la escritura", enfatizó Viera Gallo.

No será la comunidad la afectada por los actos de un grupo que participe en hechos de violencia, afirmó Viera Gallo, aunque para el investigador del Observatorio Ciudadano, Matías Meza, condicionar la restitución territorial es una aberración.

Para Meza el gobierno equivoca de esta forma una vez más el camino ya que además valida el accionar policial el que muchas veces se equivoca al acusar a personas que terminan siendo absueltas ya que no se les puede comprobar su participación en ningún delito, precisó.
"Resulta preocupante la ligereza con que el gobierno asume eventuales responsabilidades de comuneros mapuches en los actos de violencia registrados en la Araucanía en el último tiempo, sin tener más antecedentes que las formalizaciones que realiza la fiscalía. Tenemos muchos antecedentes para saber que varios casos de formalizaciones carecen de los mínimos datos para fundar una acusación para posteriormente llevar a juicio a las personas formalizadas", subrayó Meza.

Las comunidades establecen que la violencia viene precisamente del Estado y específicamente del gobierno que ordena la represión y allanamientos donde se ven afectados todos los integrantes de estos grupos donde se muestran personas heridas con perdigones y otras marcas psicológicas que perjudican especialmente a los menores

EPEWÜN TXEKAN

Epu marri aylla, octubre küyen, epu warrangka aylla txipantü.
Ante los graves hechos que se han sucedido continuamente durante las últimas semanas, exponemos lo siguiente:

Nos preocupa profundamente la persecución política que ha emprendido el Estado chileno en contra de dirigentes mapuche, estudiantes y comuneros en general. Se ha agredido a autoridades tradicionales, como longko y machi, se ha maltratado a niños llegando incluso a atentar contra su vida por parte de las policías, se ha inculpado a diferentes personas por delitos que se justifican con dudosas pruebas y ahora se allanan los hogares estudiantiles mapuche para buscar o seguir inventando pruebas. La caza de brujas por parte de la Fiscalía no parece tener límite hasta el momento y hoy hasta andar con makün por la calle es suficiente para ser considerado sospechoso por la policía.

Aún más grave es que se estén fabricando pruebas para inculpar a personas inocentes. El supuesto testigo protegido que tiene el fiscal racista y profesor de la Universidad Católica de Temuco, Miguel Ángel Velásquez, está mintiendo. Miente y el fiscal lo sabe, porque también es un mentiroso, porque esta semana ya ha recibido pruebas suficientes que demuestran que José Millanao, conductor del furgón rojo que supuestamente habría trasladado a los peñi de Temucuicui a los lugares de los atentados, se encontraba en un lugar distinto al de los hechos y que es imposible que fuera a dejar personas a dichos lugares. Sin embargo, el testigo protegido ha dado las características del vehículo, incluyendo color, modelo y patente, por lo que no cabe duda que ese es y no puede ser otro. En la balanza de la verdad: un “testigo” protegido contra cincuenta personas (por lo menos) que vieron ese furgón y a su conductor a las 10 de la noche en un bingo bailable en Ercilla.

Los montajes están llegando a un nivel patético; antes el testigo sin rostro decía “yo lo vi” y los jueces lo consideraban suficiente para condenar, pero ahora como se han exigido mayores detalles a los testigos (en vista de la crítica opinión internacional sobre estos juicios viciados, particularmente de la Corte Interamericana de DDHH), los fiscales han llegado a construir relatos que parecen verdaderas películas, con nombres, detalles precisos, estrategias, etc., pero que sin embargo no pueden obviar un gran obstáculo: son mentiras. Los medios de comunicación no ayudan tampoco con esto, prestándose para las especulaciones de la fiscalía, por ejemplo dándole tribuna sólo a los argumentos del fiscal y no emitiendo las declaraciones de los abogados defensores (Audiencia 26 de octubre en Corte de Apelaciones de Temuco sobre prisión preventiva de comuneros de Temucuicui. Radio Biobío entrevistó al fiscal Velásquez y al defensor Cáceres, pero sólo emitió la entrevista del fiscal).
Sin duda, el señor Velásquez tiene más pasta de director de cine que de fiscal y qué decir de que este sujeto sea profesor de una Universidad que dice respetar los valores católicos. Miguel Ángel Velásquez no puede ni debe formar estudiantes de derecho, de lo contrario nos encontraremos a futuro con una pandilla de secuaces leguleyos tan racistas y enfermos como su maestro, que continuarán la política del terror que pretende imponer el gobierno de nuestra simpática, aguerrida y ex torturada presidenta, pero que no doblegará nuestro püllü, porque la única forma de que terminen con nuestra lucha es matando a todos los mapuche.
Felepe may.

Mapuches de Temucuicui desmienten ajusticiamiento
La Noticia había sido publicado en portada por el Diario El Mercurio y también en contenidos de la tercera y por otro werknes Mapuche / El werkén de la comunidad autónoma rechazó de manera categórica que la muerte de un comunero el martes último se deba a una venganza vinculada al procesamiento de cinco personas por ley antiterrorista y comentó que estas afirmaciones buscan estigmatizarlos aún más.
Fuente: Radio Universidad de Chile
http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=56599
El werkén de la comunidad autónoma rechazó de manera categórica que la muerte de un comunero el martes último se deba a una venganza vinculada al procesamiento de cinco personas por ley antiterrorista y comentó que estas afirmaciones buscan estigmatizarlos aún más.
Con molestia reaccionaron en la comunidad autónoma de Temocuicui ante la publicación de prensa que señala que hubo un vuelco en la investigación por la muerte de un comunero el martes último, el que según la nota se debió a un ajusticiamiento.
De acuerdo a la información periodística, un grupo de mapuches habría confundido a Francisco Curimil como el testigo encubierto que denunció a cinco personas que hoy están detenidas y sometidas a proceso por ley antiterrorista luego de haber quemado un camión, asaltado un peaje y disparado contra vehículos particulares.
Jorge Huenchullán, werkén de Temocuicui Autónomo, señaló que no es comprensible este tipo de denuncias, ya que jamás podrían atentar contra la vida de otra persona que además es un familiar, precisó.
“El peñi que falleció estaba activamente participando en las recuperaciones de tierra, en manifestaciones mapuches, en Santiago, porque él hace un mes estaba regresando a nuestra comunidad. No puede ser que un diario de derecha… siempre ha querido masacrar a nuestra comunidad atribuyéndole delitos que jamás ha cometido, aquí hay un problema delincuencial, que tiene que solucionarse y la Justicia tiene que actuar, así como actúa en contra de los mapuches”.
Huenchullán, cuyo hermano Francisco de 19 años está dentro del grupo de acusados por el atentado contra el camión y el asalto contra el peaje a mediados de octubre, agregó que estas acusaciones apuntan a ahondar más en la estigmatización de la comunidad y a entorpecer la devolución de tierras que, en el caso de Temocuicui Autónomo estaba en proceso de conversaciones con la Conadi para la restitución de tierras que hoy están en propiedad de Jorge Luchsinger.
“La cacería de mapuches que se emprendió en estos últimos días, y donde hay cinco comuneros de la comunidad autónoma que los acusaron con la ley antiterrorista, es claramente el reflejo de que el Estado no quiere devolverle las tierras a la comunidad, es la no compra de tierras, atribuyéndole delitos, un montaje preparado por el Ministerio Público, fue todo un trabajo organizacional para no comprarles las tierras a los mapuches”.
El werkén agregó finalmente que presentarán las denuncias y querellas que sean necesarias para defenderse de estas acusaciones que buscan perjudicarlos como comunidad, además de la verdadera cacería de comuneros que dijo se registra en la zona en conflicto.

Al filo del fin de su mandato, la Presidenta Bachelet anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que le quitará competencia a la justicia militar para juzgar a civiles –entre ellos a los mapuche – y creará nuevos órganos militares: juzgados de garantía, tribunales orales y ministerio público para juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas.
Es difícil que la iniciativa pueda avanzar, dado el receso anunciado para el 15 de noviembre por la Cámara de Diputados debido a las campañas electorales. Para la discusión del proyecto que implicará un elevado gasto en recursos para los nuevos mecanismos, sólo restará el escaso tiempo que queda desde el 13 de diciembre, día de la elección presidencial hasta la segunda vuelta (10 de enero).

Lucía Sepúlveda Ruiz
http://periodismosanador.blogspot.com/
La justicia militar, Bachelet y los mapuche
Al filo del fin de su mandato, la Presidenta Bachelet anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que le quitará competencia a la justicia militar para juzgar a civiles –entre ellos a los mapuche – y creará nuevos órganos militares: juzgados de garantía, tribunales orales y ministerio público para juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Es difícil que la iniciativa pueda avanzar, dado el receso anunciado para el 15 de noviembre por la Cámara de Diputados debido a las campañas electorales. Para la discusión del proyecto que implicará un elevado gasto en recursos para los nuevos mecanismos, sólo restará el escaso tiempo que queda desde el 13 de diciembre, día de la elección presidencial hasta la segunda vuelta (10 de enero). Lo que ocurra después, dependerá de quién sea elegido presidente de Chile, y hasta ahora ningún candidato ha puesto este tema entre sus prioridades, por lo que no se avizoran cambios en el futuro inmediato. En lo formal, sin embargo - aunque nada cambie en el país- la Presidenta podrá afirmar ante los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que ha dado respuesta a las exigencias planteadas en ese sentido, en especial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Precisamente sobre el tema “Justicia militar en causas mapuche” expusieron en la Universidad Alberto Hurtado el pasado 21 de octubre, en un auditorio colmado de público mayoritariamente mapuche, el historiador Sergio Grez, el jefe de prensa de radio BioBio, periodista Nibaldo Mosciatti, el padre de un preso político mapuche, Sadi Huillical, y los abogados especializados en derechos humanos José Galiano y Alberto Espinoza. La exitosa convocatoria partió de la agrupación mapuche Kilapán y los familiares de presos políticos mapuche, y apuntaba a contra lo que Mosciatti calificó ese día como “la brutal indiferencia de la mayoría de los chilenos sobre este conflicto, una indiferencia que es también desprecio…y desconocimiento por gran parte de los ciudadanos”. De ese foro surgió la voluntad de impulsar un amplio movimiento de solidaridad con los presos políticos mapuche.
Emplazamiento a los candidatos
Alberto Espinoza, docente de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, abogado de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) y defensor de presos políticos de ayer y de presos políticos mapuche hoy, sostuvo:
“A lo largo de los gobiernos de la Concertación se han cursado distintos proyectos y a más de 20 años del término de la dictadura, ninguno de ellos ha prosperado. ¿No sería bueno emplazar a los candidatos sobre esto? No encontramos proyectos en los que se materialice una reforma profunda, pese a que se ha consensuado la necesidad de introducirla. La justicia militar se validó a raíz de la reforma procesal penal. Fue a raíz de la Reforma Procesal Penal y la creación del ministerio público, que se introdujo una modificación a la Constitución del 80 en que por primera vez se reconoce la justicia militar y su independencia. En esa oportunidad se desperdició una gran oportunidad de haber reformado la justicia militar.”
A juicio del abogado Espinoza, no se justifica una jurisdicción especial de tipo militar. “Bastaría que se incorporara un capítulo en el Código Penal donde se establezcan los delitos militares y que los procedimientos para juzgar a los militares se desarrollaran dentro de las reglas universalmente aceptadas. No se justifica ni siquiera la existencia de un código militar. Los procedimientos deberían ser los mismos que los dispuestos para el resto de las personas.”
El profesional aclaró que respecto de los mapuche, el problema no es sólo la aplicación de la justicia militar. Afirmó: “Sería un error cargar la crítica exclusivamente al tema de la jurisdicción penal militar, ya que tanto esta como la de la reforma procesal penal tienen los mismos objetivos y las mismas características, que en la práctica privan a los imputados de su legítimo derecho a la defensa y a contar con las garantías procesales reconocidas para todos los seres humanos.”
Abuso de poder del Estado
Nibaldo Mosciatti agradeció la confianza de los mapuche en su radio. Al iniciar el foro, los organizadores habían comparado el rol de la BioBio con el de radio Cooperativa en dictadura (“la voz de los sin voz”), afirmando que en el campo mapuche se escuchan las noticias de ese medio para saber qué pasa en las comunidades.
El afirmó: “El Estado chileno ha recurrido a instrumentos como el uso de la ley antiterrorista, de testigos anónimos, y el privilegio de las amplias facultades de la justicia militar, que en la práctica constituyen abuso de poder. Es una herencia de la transición chilena…y una deuda fundamental de la democracia y de una transición que en aras de la estabilidad, estuvo dispuesta a sacrificar valores fundamentales de la democracia, como es la justicia. El acuerdo de no tocar el poder de los militares y civiles afines a la dictadura, se tradujo en la mantención de las excesivas atribuciones a la justicia militar. Nos acostumbramos a excluir, a segregar, a discriminar a los mapuche pero también no sólo a ellos. Los actores del conflicto se han ido deshumanizando, fruto de mucha humillación, mucha opresión e imposición de modelos, un modelo que tiene como única lógica la economía, la producción, y mira los territorios sólo como fuentes de recursos naturales explotables. Y a su vez, la respuesta de los humillados asume la lógica de la exclusión, la lógica de la negación del otro”.
Respecto del rol del gobierno, valoró la disposición al diálogo del ministro Viera Gallo en contraposición a “voces de autoridades que suenan como si tuvieran más vocación de esbirros que de políticos. Llaman al orden pero un orden desde la imposición, desde la amenaza de la fuerza…desde la defensa de los intereses de los poderosos”.
Sostuvo que a nivel del Estado, hay falta de imaginación para abordar los nuevos temas, y “falta de audacia para reconocer que hay fórmulas fracasadas, por ello enfrentamos el peligro de ser víctimas de la esterilidad de la política o de los políticos. Muchas veces sus declaraciones no son más que la repetición de fórmulas retóricas, vacías de sentido propósito y voluntad.”
Hizo un llamado a todos los actores del conflicto a intentar entender qué hay detrás de los gestos, las arengas y las declaraciones, a reconocer la diversidad, valorarla e intentar entender al otro. “Al final todos somos eternamente un otro. Y si no valoramos la condición humana de cualquier otro, no habrá espacio a su vez para que nos entiendan”, alegó Mosciatti, que había iniciado su intervención advirtiendo que iba a hablar “desde el corazón”.
Concluyó aseverando: “A veces, viendo la esterilidad de tantos discursos y leyes me pregunto si la solución no pasa primero por una toma de conciencia de todos nosotros. ¿Iremos camino a eso? Esa es mi esperanza.”
Los requerimientos
Alberto Espinoza se remontó a los orígenes del concepto de “requerimiento”, que actualmente es la acción judicial presentada por ley antiterrorista o por ley de seguridad interior del estado contra los luchadores sociales mapuche. En 1502, un documento llamado “Requerimiento” elaborado por una junta de juristas de Burgos, España, legitimó el concepto de guerra justa para reprimir y aplastar a los pueblos originarios, con el aval del Papa y el rey.
Criticando la aplicación de la ley antiterrorista a quienes son detenidos por atentados incendiarios, recalcó que para la definición de terrorismo, la afectación del bien jurídico de la vida debe estar presente y también se requiere que el supuesto terrorista cuente con armas de gran poder destructivo “y no creo que lo sean las piedras, las hondas y los palos. Se les aplica esta ley a los comuneros cuando frente a ellos, están los carabineros que sí tienen armas de gran poder destructivo. Es una fuerza policial que en la realidad está militarizada. Sería interesante determinar cuál es el poder de fuego y el tipo de armas e instrumentos que utiliza. Cuenta con armas no sólo defensivas, y opera con tanquetas, helicópteros, que son medios propios de una guerra. Es un tema que requiere un análisis más a fondo.” Alberto Espinoza tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado de Chile por la aplicación de la legislación antiterrorista en el caso Poluco-Pidenco.
Ahondando en la justicia militar, sostuvo que no cumple con principios básicos del debido proceso. Recordó que el juez militar es el comandante de división de cada zona, y deja ese cargo si es trasladado, lo que afecta principios como la imparcialidad, la inamovilidad y la independencia. Aunque toda sentencia debiera estar fundada en un proceso previo legalmente tramitado, “en la justicia militar eso no existe porque se aplica el sistema inquisitivo - nombre que proviene de la Inquisición- en el cual el derecho a defensa está profundamente limitado debido al secreto del sumario.” Por tiempo indefinido –pues el sumario no tiene plazo- el abogado que ve estas causas no conoce los cargos que hay contra los imputados ni los elementos sobre los que se construyen esos cargos.
¿Carabineros son militares?
Alberto Espinoza criticó que la justicia militar incluya actualmente a Carabineros ya sea como víctimas o como acusados. “En la constitución Carabineros es reconocido como fuerza de orden y seguridad pública, al igual que la Policía de Investigaciones. Algunos jueces de garantía han promovido contiendas de competencia respecto de carabineros, pero la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional las han rechazado, estrechando filas para consolidar esa institucionalidad, ante la indiferencia de los legisladores y el poder ejecutivo. “
El abogado destacó sin embargo que en los dos últimos años la Corte Suprema ha dictado fallos respecto de que los menores no pueden ser juzgados nunca por la justicia militar. Adelantó asimismo que a partir de la vigencia del convenio 169, está explorando cómo fundamentar una incompetencia de la justicia militar para procesar al pueblo mapuche.
Guerra de baja intensidad
El historiador Sergio Grez, director del Museo B. Vicuña Mackenna, y uno de los impulsores de dos declaraciones/manifiestos en apoyo al pueblo mapuche ante los asesinatos de comuneros, recalcó que “como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía. Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.”
Para él, los métodos empleados para quebrar la resistencia mapuche son “la militarización del territorio mapuche a través de la instalación permanente de Carabineros como guardia pretoriana de los empresarios en las zonas más álgidas; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas”.
Describió asimismo el acoso permanente a las comunidades que luchan por recuperar sus tierras, recalcando: “Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judicializadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria.”
Agregó que los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a procesos tanto por la justicia civil como por la justicia militar bajo la ley antiterrorista “heredada de la dictadura militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación.”
Explicó también que si una causa criminal parece no prosperar, los fiscales civiles y militares “se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión”. Reveló que eso es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) a quien le comunicaron en estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.
Llamados a la guerra
Por su parte Mosciatti se refirió a una declaración reciente de la CAM, señalando: “Cuando escucho convocatorias que llaman a una guerra, me asombra constatar cómo no hemos aprendido nada de nuestra historia reciente acerca de los efectos del uso de la violencia en nuestra patria. La violencia, aunque sea justa, al hacerse habitual termina degradando también a quien la ejerce. La violencia es lo mismo que el poder….corrompe, pero primero brutaliza, porque da excusas para el abuso, justifica el abuso. Hemos vivido siglos de guerras y revoluciones, y ¿para qué? Yo sólo veo rumas de cadáveres que terminaron matando los ideales de esas guerras o revoluciones. Las palabras inflamadas, detrás de la violencia y las proclamas…sólo sirven para despertar a nuestros más bajos instintos, azuzar a la bestia que vive en cada uno de nosotros. ¿Dejaremos que el odio, a punta de palizas, de discriminación, acorralamiento, de quema de camiones, sea el que trace el camino? ¿Hay así un camino posible?”
Recuerdos de la DINA
Ligando pasado y presente Sergio Grez afirmó que los procedimientos de los fiscales le recuerdan las “condenas clandestinas” de la DINA durante la dictadura de Pinochet, que él conoció en el campo de concentración de Puchuncaví, en 1975. “Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación.”
Criticó asimismo la política del gobierno de pretender dividir al movimiento mapuche en “buenos” (que podrán recibir tierras) y “malos” (los que luchan y son considerados violentistas) y alertó sobre la formación de cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano.
Al reseñar las características de la justicia militar, agregó que la imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar. El procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.
Denuncia por tortura
Sadi Huillicán viajó a Santiago desde el poblado cordillerano de Icalma enclavado en el sur profundo, a más de 900 km de esta capital, y cerca de la frontera con Argentina, El es el padre de Jonathan Huillican Méndez (24 años) y dio testimonio en el foro sobre la detención de su hijo, torturado desde que fue detenido en Temuco por la PDI para que se culpara a sí mismo o a otro, de haber participado en una emboscada contra el fiscal Elgueta ocurrida. “Esto para mí y el sentimiento de los mapuche es sólo un montaje político en contra de nuestro pueblo. Es pura mentira.” El joven estudiante pehuenche lleva ya seis meses preso en la cárcel El Manzano, de Concepción, por ley antiterrorista. Su padre afirmó: “Con la gracia de Dios tengo la certeza y la convicción mediante el expediente que ya se abrió, que no hay ninguna prueba que justifique la acusación. Aquí se ve que sólo hay una intención del Estado contra nuestro pueblo, el Estado lo único que quiere es la extinción de nuestra cultura y nuestras raíces.” Agregó que los ocho presos de la cárcel de El Manzano fueron llevados a una reconstitución de escena en Cañete, pero se abstuvieron de participar porque no tenían que ver con esos hechos. Informó asimismo que el 25 de septiembre de 2009 presentó en tribunales de Temuco una querella criminal contra los responsables de la tortura a Jonathan, patrocinada por el abogado Pablo Ortega y agradeció la solidaridad recibida en Concepción y ahora en Santiago.

Hace minutos se entregó el parte médico del menor de 17 años identificado como L.Q.P., comunero mapuche herido en un enfrentamiento con Carabineros la semana pasada en Angol y que anoche llegó al Hospital Traumatológico de Santiago para recibir atención médica.
El menor se encuentra estable y consciente, y está internado en la Unidad de Tratamientos Intensivos del hospital.
El doctor Mario Reyes, director del Traumatológico, señaló que la herida de 8 centímetros que L.Q.P. tiene en en la parte posterior de la pierna izquierda es por un arma de fuego, y está infectada. Anoche se la realizó un aseo quirúrgico, y se planea la realización de otro en las próximas horas.
El parte señala que no hay compromiso de arterias y nervios y que se realizará una reconstrucción de la pierna herida. L.Q.P. se encuentra recibiendo tratamiento antibiótico, y en las próximas horas sea visitado por familiares.
El menor, señalan, pudo haber perdido la pierna si no recibía asistencia médica.
En tanto, la Corte de Apelaciones de Temuco le pidió a ambas policías un informe, luego de declarad admisible un recuso de amparo presentado a favor del joven herido. Esto, para establecer si hay acusación y encargo en contra del menor.
La presidenta Michelle Bachelet también se refirió a la salud de este menor. Valoro que L.Q.P. ya esté hospitalizado y recibiendo tratamiento médico, y señaló que manejaba la información de que fue herido cazando. La Mandataria no se quiso referir al tema de fondo, el conflicto mapuche.

La comunidad Mapuche Rankilko de la comuna de Ercilla declara a la opinión publica lo siguiente.


1)- La comunidad Mapuche Rankilko, rechaza el encarcelamiento del werken Alex Curipan Levipan y las acusaciones realizadas por la fiscal Luís Chamorro, de Angol. Quien lo imputa de los delitos incendio en el predio Santa Carmen perteneciente a la Empresa forestal Monte Águila. Esto se suma a los de usurpación violenta y daños al vehiculó de salud, esto ultimo quienes supuestamente transitaban por el camino cercano al predio San Sebastián. Nuestra comunidad desmiente cada una de estas acusaciones, estas acusaciones obedecen a la permanente intención de perseguir judicial mente a los dirigentes de las comunidades mapuche. Por lo que nuestra posición es desde ahora demostrarle a la opinión pública que el werken Alex Curipan y la comunidad Rankilko no tiene responsabilidad en los hechos en que inculpan. Además cabe señalar que Alex Curipan fue detenido a cuatro kilómetro del lugar donde ocurrieron los hechos que se le inculpan.



2) La comunidad Mapuche rankilko, demanda los predios de la empresa forestal MONTE ÁGILA S.A. desde hace más de 10 años, además cabe señalar que dichos predios están incorporado en la capeta de tierra, que la comunidad tiene en CONADI. Por lo que desde hoy la comunidad hará uso de esas tierras y controlara el ingreso del personal de esta empresa. Esto hasta el gobierno resuelva comprarnos ese predio y otros que también están demandados, de la empresa forestal Minino, Arauco y los particulares.


3)- Realizamos un llamado urgente, a la Cruz Roja Internacional para que realice una visita a las comunidades mapuche y pueda prestar atención médica a nuestra gente, quienes han sido herido por las policiales del Estado chileno. Como también realizamos un amplio llamado a las comunidades mapuche conciente de nuestro derecho a establecer la libre determinación. A que continúen con los procesos de recuperación de tierra y la lucha por la libertad de nuestra gente.



Por la restitución de las tierras de Jaime Mendoza Collio, Alex Lemus y
Zenón Díaz Necul.



Comunica: Lof Rankilko




Wall-Mapu; Ercilla, martes, 27-10-2009

Discurso de Víctor Queipul Huaquil, Longko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, así como también del Parlamento de Comunidades Autónomas de Malleko, después de terminada la audiencia de formalización en contra de José Queipul Huaiquil (hermano), Felipe Huenchullán Cayul, Víctor Queipul Millanao (hijo), Camilo Tori Quiñenao y José Millanao Millape, en donde fueron formalizados por la ley Antiterrorista. (19 de Octubre)

Victoria 19 de octubre de 2009.

La Comunidad Autónoma de Temucuicui declara a la opinión pública mapuche y no mapuche lo siguiente:

Hoy se ha formalizado a 5 integrantes de la Comunidad Autónoma de Temucuicui por delitos asociados a la Ley 18.314 o Antiterrorista. Los imputados son José Queipul Huaiquil, Felipe Huenchullán Cayul, Víctor Queipul Millanao, Camilo Tori Quiñenao y José Millanao Millape.
Según la fiscalía habría un testigo clave en esta causa que presenció todos los hechos, tanto la quema del camión como el asalto al peaje, por lo que este testigo habría participado también de los hechos. No se entiende porque no ha sido formalizado también este sujeto si realmente él participó en los atentados. Sin embargo, sabemos que esto es un montaje, ya que esta “técnica” ya se ha ocupado anteriormente en otros casos, en que se utiliza un testigo falso que declara detrás de un biombo para inculpar a otros peñi, como ocurrió con Carlos Cayupe, quien esta condenado por quemar un camión en Victoria, en circunstancias que él se encontraba en su comunidad el día de los hechos.

El Tribunal de Garantía ha dado un plazo de 70 días para la investigación, de los cuales 40 serán secretos, por lo que la defensa sólo tendrá 30 días para preparar la defensa, lo que atenta gravemente contra el derecho de defensa que tienen los peñi imputados.

Denunciamos ante la opinión pública el montaje que están sufriendo nuestros hermanos, además de la persecución política en contra de sus familias, con constantes allanamientos y hostigamiento policial, que afecta a hombres, mujeres y niños de nuestra comunidad.

Además la persecución se ha extendido a los dirigentes del Parlamento de Comunidades Autónomas de Malleko, del cual formamos parte, siendo afectados hasta el momento el longko del Parlamento, José Cariqueo y la machi Adriana Loncomilla, quienes fueron brutalmente agredidos el día viernes 16 de octubre en la Comunidad José Guñón, en donde la machi fue encontrada amarrada en el suelo, mientras el longko estaba detenido en una comisaría de Collipulli.

Por último hoy se ha demostrado el apoyo de las comunidades del Wallmapu a nuestra comunidad, habiendo cerca de 20 comunidades presentes en las afueras del Tribunal de Garantía de Victoria, donde los distintos dirigentes dieron sus palabras de apoyo mediante elocuentes discursos, destacando los llamados a la unión de las comunidades para enfrentar este avasallamiento del Estado chileno para con nuestra legítima causa.

No se terminará esta lucha deteniendo e intimidándonos con la ley antiterrorista. No le tememos a la cárcel ni a la muerte y la única forma de terminar con la lucha mapuche es matando a todos los mapuche.

Felepe may.



http://www.youtube.com/watch?v=oPpTtoFGrjk (Discurso de Longko Víctor Queipul, luego de la audiencia)

http://www.youtube.com/watch?v=fbNIjxyYVlc (Discurso de Longko José Cariqueo, Comunidad Cacique José Guiñón)

http://www.youtube.com/watch?v=WIkKy9rDmVo (Discursos de apoyo de otras comunidades)